Publicaba días atrás El País una noticia sobre cuatro narcotraficantes fugados de la prisión tras recibir permisos para su salida al exterior.

En un punto de la noticia, el periodista nos informa de la sospechosa actuación del juez del Río, que “Sólo el año pasado concedió cerca de 3.000 [permisos], de los que unos 100 derivaron en quebrantamiento de condena”.

Las cifras pueden parecer alarmantes, pero los casos de quebrantamiento de condena suponen, según estas cifras, un 3,3%, lo cual no parece mostrar un fracaso estrepitoso de las medidas.

De hecho, las estadísticas demuestran que los índices de reincidencia están directamente vinculados a la dureza de las penas. Se considera menos dura una pena en régimen de tercer grado, con permisos para mantener el contacto con el entorno social que habrá de acoger al preso a su salida, que el régimen de primer grado, que supone el cumplimiento de la pena en total ausencia de libertad. Es decir que aquellos presos que gozan de permisos de fin de semana, situaciones de semilibertad en las que sólo es necesario pernoctar en la cárcel y medidas similares, vuelven a delinquir en menor medida que aquellos que pasan su condena íntegra a la sombra.

El objetivo de las prisiones, según la ley, es reinsertar y rehabilitar (el debate sobre estos verbos podría ser eterno) a quien ha cometido un delito. Es decir, el fin último es que no vuelva a atentar contra la legalidad, que hecho un primer mal, no se vea acompañado de males posteriores. Por tanto, la decisión más sabia parece ser utilizar los medios a nuestro alcance para evitar la reincidencia.

Es poco sensato pretender preparar a una persona para su vida en libertad desde un espacio esencialmente destinado, precisamente, a privar de libertad a sus moradores.

Sin embargo, la política del miedo es rentable y hace que las cárceles únicamente sean noticia cuando ocurre un incidente espectacular o con espacio en las páginas de sucesos. El ataque contra la concesión de permisos penitenciarios es continuo, transmitiendo la idea de que los presos salen de sus celdas cuando les apetece (ya quisieran ellos), que quien se va de permiso no vuelve y que la única solución es endurecer las penas.

Ya lo hicimos, ya endurecimos las penas para eliminar, por ejemplo, las reducciones de condena. El resultado se puede ver en la página web de la Dirección de Instituciones Penintenciarias: en menos de 20 años hemos duplicado el número de presos (lo que por fin nos coloca como primeros en algo en Europa), ya tenemos 67.000.

Pero claro, ante tanta inseguridad (¿quién no se ve con una navaja al cuello al menos un par de veces al año?), el deber moral de los medios de comunicación es celebrar las actitudes de los jueces que realmente entienden la situación actual. Como es el caso del juez granadino que acaba de enviar a una persona insolvente a la cárcel para que aprenda un oficio. En tres meses.

Los jóvenes de familias acomodadas no estudian, pero la cárcel es el mejor lugar para aprender un oficio, eso lo saben los jueces que condenan a penas de cárcel, no los de vigilancia penitenciaria, que son los que gestionan la situación de los presos.

Instituciones Penitenciarias también lo sabe. Por eso su programa laboral prevé que, con suerte, uno de cada seis presos tenga acceso a este tipo de formación.

Algún día vamos a tener que explicarle a futuras generaciones esta apuesta nuestra por el sufrimiento gratuito de los sectores más marginados de la sociedad (se estima que en torno al 80% de la población presa se encuentra entre rejas por cuestiones directamente vinculadas con el consumo de drogas). Ese día nuestros descendientes nos mirarán con desprecio.